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El cambio de propiedad del grupo siderúrgico Celsa -propietario de la vizcaína Nervacero y de dos factorías de Celsa Atlantic en Álava- ha sido decretado por un juzgado de Barcelona pero aún debe salvar un trámite que no es menor: la autorización del Gobierno, al entrar la operación dentro de los supuestos contemplados por el ‘escudo antiopas’ decretado por el Ejecutivo en plena pandemia. Los acreedores -un conjunto de fondos de inversión titulares de créditos concedidos por la banca a la empresa-, han conseguido el respaldo judicial para conseguir el objetivo que perseguían. Esto es, hacerse con el control y la propiedad de la compañía siderúrgica ante el impago de los créditos por parte de Celsa.
El convenio propuesto y que ha sido aceptado por el juzgado, sin posibilidad de recurso a otras instancias judiciales, contempla la conversión de 1.350 millones de euros de deuda en acciones de la empresa. Una capitalización contable que deja en manos de los fondos la práctica totalidad de las acciones del grupo y que expulsa de la compañía a los hasta ahora propietarios, la familia Rubiralta.
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dudado hasta ahora en apoyar a los Rubiralta frente a la pretensión de los fondos, la sentencia del juzgado deja un escaso margen de maniobra al Gobierno. «Estaríamos ante una situación caótica si los jueces determinan quién es el propietario de una empresa y el Gobierno les niega la posibilidad de ser titulares de las acciones», aseguran fuentes cercanas al procedimiento. Un escudo de pandemia.
Pero lo cierto es que la empresa está afectada por la legislación antiopas impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia, que obliga a una autorización previa para tomas de participación superiores al 10% -en el caso de extracomunitarios- o para todas las operaciones superiores a 500 millones de euros.
La empresa, además, fue declarada como estratégica por el Ejecutivo, lo que reforzaba la protección, por el elevado volumen de empleo -en torno a 10.000 trabajadores- que tiene en la actualidad. Algunas fuentes aseguran que el ministro de Industria, Héctor Gómez, ya ha trasladado a los fondos su disposición a negociar la autorización. El Ejecutivo, añaden, quiere exigir garantías de que los nuevos propietarios van a mantener el empleo y la actividad industrial en España. El Gobierno, en suma, quiere poner trabas a una operación especulativa de corto plazo.
Fuente: La Verdad
